NOTA CONCEPTUAL
III Foro Cusco: Tendencias y perspectivas en la protección, retorno y restitución de bienes
culturales en el marco de la Convención de la UNESCO de 1970
El tráfico ilícito de bienes culturales es un problema global que afecta a todos los países,
privando a las comunidades de su identidad, historia y patrimonio. América Latina y el Caribe
(ALC) es una de las regiones más vulnerables a este delito debido a la riqueza y diversidad de su
legado cultural, lo que la convierte en punto de origen de bienes culturales que terminan en
mercados internacionales ilegales. Además, la gran extensión de los sitios arqueológicos dificulta
la vigilancia de sus límites y el control de las excavaciones ilegales en sitios con carga cultural.
Factores como el cambio climático, los conflictos armados y factores antrópicos han exacerbado
este problema, creando condiciones propicias para el saqueo, el robo y la excavación ilícita de
bienes culturales. Además, la región de América Latina y el Caribe (ALC) también se ve
gravemente afectada por el uso creciente a nivel mundial de plataformas digitales que facilitan
el tráfico ilícito de bienes culturales, lo que requiere herramientas y recursos tecnológicos
avanzados para su detección y control.
En respuesta a este desafío, la ratificación y aplicación efectiva de los instrumentos jurídicos
internacionales desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el tráfico ilícito, al tiempo
que fortalecen la cooperación regional y subregional en este ámbito. La Convención de la
UNESCO de 1970 establece medidas para prohibir e impedir la importación, la exportación y la
transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, al mismo tiempo que prevé su retorno
y restitución. El Convenio de UNIDROIT refuerza las disposiciones de la Convención de la
UNESCO de 1970, complementándolas mediante la formulación de normas jurídicas mínimas
sobre el retorno y la restitución de bienes culturales. Ambas Convenciones son compatibles y
complementarias.
La ratificación de ambos instrumentos es crucial, ya que permite a los Estados beneficiarse de
una respuesta internacional y coordinada ante el tráfico ilícito de bienes culturales. En este
sentido, es alentador que el 72% de los países de América Latina hayan ratificado la Convención
de 1970, lo que demuestra un firme compromiso con la lucha contra este delito. En comparación
con la Convención de UNIDROIT que ha tenido una menor adopción en la región.
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